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| (1) Destrozaron un hogar. Hugo junto a su hija de cuatro años de edad, pocos meses antes de que PNP lo asesine. (2) Sadismo. Torturadores no tuvieron la mínima compasión con Hugo Solorzano. |
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DATO
Para las instituciones defensoras de los derechos humanos, una de las principales trabas para la lucha contra la tortura se debe a las sentencias condenatorias por debajo del mínimo legal, así como también las de ejecución suspendida, que permite la libertad de los sentenciados. |
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En el día que se recuerda mundialmente a las víctimas de tortura, piden justicia para peruano que murió en manos de la Policía. Luego lo ahorcaron para hacer pasar el caso como suicidio.
La tipificación internacional califica la tortura -sea física, sicológica o moral- como una de las peores formas de violación a los derechos humanos. Es también considerada como un crimen de guerra, cuando sucede en época de conflicto bélico y uno de los ejércitos agrede física o verbalmente a un prisionero para obtener alguna información o como forma de castigo. En el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las víctimas de Tortura LA PRIMERA conversó con la familia de una víctima mortal de tortura. Un poblador que murió en manos de malos policías.
El 11 de febrero de 2008, Hugo Solórzano Cuevas almorzó con su madre y luego se dirigió a la casa donde convivía con su mujer. Minutos después empezaron a discutir, por lo que la esposa llamó a la Policía. Inmediatamente, personal de la comisaría de Jauja llegó hasta la casa, encontró a Solórzano Cuevas y lo redujeron a golpes, pese a su negativa, tras exigir que le muestren una orden, documento que no existía.
Sin embargo, lograron introducirlo en el patrullero, que era tripulado por el suboficial de 2ª Cristian Meza Astohuamán y el suboficial de 3ª Ludwin Buyón Torrejón.
Ya en la comandancia siguieron las agresiones físicas. Lo empujaron al calabozo y al caer al suelo, Hugo Solórzano fue embestido a patadas, golpes con la macana e insultos de todo tipo. Dicha versión fue brindada por Segovia Huánuco, otro detenido que estaba en una celda contigua y quien fue amenazado de muerte por ambos suboficiales para tratar de acallarlo.
Eran aproximadamente las tres de la tarde y Hugo Solórzano Cuevas ya había muerto, como lo detalla el parte de la necropsia realizada por el médico Omar Escate Arias, quien concluye que el detenido presentaba signos de haber sido golpeado salvajemente en la cabeza, tórax, brazos y piernas. Además, mostraba evidencia de haber sido ahorcado.
A las 16:30, la suegra de Solórzano fue hasta la comisaría para llevarle comida, sin embargo el suboficial 1ª Miguel Aliaga Segura le informó que el detenido había intentado suicidarse, por lo que fue trasladado al hospital. Sin embargo, de acuerdo al parte de ingreso del centro de Emergencias, Hugo ingresó recién a las 19:50 horas, pero ya era un cadáver.
Siguieron pasando las horas y recién a las diez de la noche el suboficial Rodolfo Guillotti le comunica a la madre que su hijo había muerto: supuestamente se había ahorcado con un pasador. Inmediatamente, el comisario comandante PNP Abdulio Rosas se pone en contacto con la madre y entra en contradicción al señalar que Hugo se había suicidado ahorcándose con su propio polo.
Estaban confabulados
Para Julio García Cuevas, medio hermano de Hugo, las autoridades locales se confabularon para tapar a los culpables. “Nosotros acusamos a los dos suboficiales (Meza y Buyón) que detuvieron indebidamente a mi hermano. Luego han contado con la complicidad de los demás agentes y del comisario. Hasta el fiscal de turno, Yukio Merma Ramos, está involucrado; nosotros le presentamos la denuncia y él se negó a iniciar la investigación. Varios testigos nos informaron que la tarde en que mataron a mi hermano se reunió con el comisario Rosas y con los suboficiales que lo detuvieron. Ahí arreglaron todo”.
Han pasado cuatro meses del asesinato de Hugo y recién hace una semana la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Huancayo inició la investigación del caso. Los policías que presuntamente participaron en la tortura y muerte han sido denunciados por asesinato, junto al fiscal y al comisario. “Yo sólo espero que se haga justicia, que se determine la culpabilidad de cada uno y que se les imponga las penas más duras. Han destrozado a mi familia, han dejado a tres menores huérfanos”, relató Julio García.
Intento de cambiar la inacción del Estado
Actualmente, el Congreso evalúa la posibilidad de hacer una ley contra las prácticas de tortura, con especial énfasis cuando quien la aplica es un policía o un integrante de las fuerzas armadas. Y es que, como se sabe, según la Defensoría del Pueblo, en el 2007, se reportaron 139 denuncias de tortura en el Perú. La Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) ha recibido 10 denuncias similares. Tres de ellas acabaron en muerte. La mayoría de acusados son policías y en algunos casos miembros de las fuerzas armadas.
Para los representantes de la Comisedh los casos de tortura son muchos más. Lo que sucede es que los afectados no lo denuncian por temor a las represalias policiales.
Lo más alarmante es que la tortura sigue siendo una de las violaciones a los derechos humanos que más se registran, por parte de las autoridades. La Policía Nacional cuenta con un “Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial”, sin embargo es letra muerta.
El Estado suscribió un convenio con las Naciones Unidas para crear un mecanismo contra la tortura, que debió publicarse el 2007, pero hasta hoy no hay ni indicios de este texto.
A pesar de que en 1998 el código penal peruano tipificó la tortura como delito, son pocas las personas que, tras una denuncia, con pruebas incriminatorias suficientes, hayan sido sentenciadas.
Omar Olivares
Redacción LA PRIMERA
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